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Informe 001 – El túnel del tiempo: los retos de la implementación del Acuerdo

Informe 001
Bogotá, 24 de agosto de 2017 

La “paz estable y duradera” anunciada en el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado” enfrenta tiempos críticos para la puesta en marcha de la implementación, 150 días después de la firma en el Teatro Colón y 425 días antes de que termine el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Estos tiempos críticos tienen que ver con:

  1. La urgencia de poner en marcha en el primer año un marco constitucional y legislativo que incorpore el Acuerdo en el ordenamiento interno, un marco institucional que garantice la gobernabilidad del Acuerdo, asignaciones presupuestales que hagan realidad su ejecución y un Plan Marcoque asegure su operatividad y continuidad

  2. Los términos fijados para las facultades legislativas del gobierno y el procedimiento de fast track para aprobar las reformas

  3. Los tiempos electorales que se avecinan en un escenario político difícil para la implementación y un marco normativo que limita la acción administrativa y frena la contratación

Si bien el Acuerdo representa el paso más importante del país para superar un conflicto armado de más de cinco décadas y constituye un ejemplo de construcción de paz reconocido por la comunidad internacional, el proceso de implementación es lento y los pocos avances aún no se traducen en hechos efectivos para los integrantes de la guerrilla, para la gente en los territorios de la guerra, para las víctimas y para el ejercicio pleno de la democracia.

Aun así, hay avances importantes en la aprobación de actos constitucionales y de leyes que ofrecen un marco jurídico para el cumplimiento de los puntos referidos a Amnistías e indultos, víctimas, Estatuto de la Oposición. También hay acciones ejecutivas que permiten avances concretos en temas como la participación de las comunidades en los territorios priorizados para la acción gubernamental. No obstante, la puesta en marcha de este conjunto de normas aprobadas toma tiempo y no se traduce en acciones efectivas.

La integralidad del Acuerdo exige acciones armónicas y articuladas del Estado y la realidad burocrática impone un ritmo diferenciado que, en ocasiones, puede paralizar aspectos cruciales de la implementación y ofrece riesgos en la consolidación de la paz.

El seguimiento de la implementación tiene como un obstáculo la falta de información oficial oportuna que permita un monitoreo permanente del Gobierno, de las FARC-EP, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

En esta dirección, el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz presenta un “Tablero de Control” como una herramienta que permita identificar en las líneas de tiempo acordadas los avances, obstáculos y alertas en la implementación, con el propósito de contribuir al cumplimiento de lo acordado entre el gobierno y las Farc.

Este ejercicio metodológico fue elaborado por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas y personas con experiencia en el campo de la administración pública y se inscribe dentro de los esfuerzos ciudadanos para ejercer un monitoreo al Acuerdo Final para hacer realidad el derecho y el deber constitucional de la paz.

Al entregar a la Delegación de Paz de las FARC-EP, a la opinión pública y a la comunidad internacional este instrumento de monitoreo, el Observatorio presenta algunos resultados de la implementación en temas que motivan nuestra preocupación.

A la fecha se han aprobado dos actos legislativos, dos Leyes, cuatro Decretos Ley y ocho decretos ordinarios, la postergación de debates de proyectos de ley necesarios a la implementación refleja una ausencia de voluntad política que exige mayor participación de la ciudadanía para que el Congreso cumpla su deber. Hay alerta sobre el marco normativo que se requiere para la Reforma Rural Integral, Participación política y el fin del conflicto.

Los tiempos fijados para el desarme y la reincorporación están en riesgo. El día D más 180 se acerca sin que se defina la seguridad jurídica de los integrantes de las FARC y con resultados precarios en términos de indultos y amnistías. A la fecha han salido por amnistía de jure 196 guerrilleros de las cárceles, se ha otorgado libertad condicional a 29 personas de las FARC-EP, se han ordenado por fallo judicial 72 traslados a Zonas Veredales de Transición y Normalización. De una lista de 2736 nombres entregados por las FARC-EP a la Oficina del Alto Comisionado de paz se han certificado 1777. LA implementación del cuerpo de seguridad y protección a los miembros de las FARC-EP previsto por el Acuerdo está atrasado. La reincorporación de las y los guerrilleros es la primera garantía de no repetición para la sociedad colombiana.

El Observatorio reconoce el cumplimiento de las FARC-EP en sus responsabilidades para la implementación del Acuerdo Final. Desde finales de enero, las tropas guerrilleras se han desplazado hacia Zonas Veredales aún no construidas, han iniciado a partir de marzo el proceso de dejación de armas a pesar de la ausencia de disposiciones de seguridad para el almacenamiento de las mismas y sus delegados ante la CSIVI han realizado una labor responsable de seguimiento al proceso de implementación.

No avanza con la celeridad que se requiere el proceso gradual, voluntario y concertado de sustitución de cultivos de uso ilícito y la atención integral a las familias que dependen de esos cultivos. Al contrario, hay una doble política de sustitución y de erradicación que deja a las comunidades en total incertidumbre frente a su situación y ha generado ya situaciones de violencia en algunas regiones del país.

A esto se suma la lentitud en los mecanismos de reforma agraria integral, restitución, fondo de tierras y realización de derechos sociales en zonas rurales, las demoras en la implementación de los puntos referidos a la tierra y el narcotráfico alientan la irrupción de nuevas formas de violencia rural y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz.

En el ejercicio dela implementación deben concurrir las autoridades territoriales, gobernadores y alcaldes, cuyos planes de desarrollo local y planes de ordenamiento territorial deben tener armonía con el Acuerdo de Paz, entendido como una política púbica que compromete a toda la institucionalidad del Estado.

El Observatorio reafirma que el compromiso de la paz debe involucrar al conjunto de la sociedad civil, no sólo para legitimar el Acuerdo sino también como una contribución efectiva que apoye al gobierno en la responsabilidad de asegurar su implementación. En esa dirección debe entenderse el apoyo de la comunidad internacional y la urgencia de garantizar la vida de las personas que en las zonas del conflicto trabajan por la defensa de los derechos humanos y la organización y participación de las comunidades.

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