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Informe 003 – ¿De la política sin armas a la democracia sin garantías?

Informe 003
Bogotá, 24 de agosto de 2017 

La transición de las FARC-EP de guerrilla a partido político luego de la dejación de armas constituye el hecho más significativo nueve meses después de que el presidente Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado, y Rodrigo Londoño como comandante de las FARC-EP, firmaran el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” en el Teatro Colón de Bogotá.

La pregunta obligada es si el Estado ofrece garantías para que las FARC-EP puedan hacer política sin armas, si la democracia colombiana le abre espacio a ese nuevo actor político y si la sociedad está lista para ver a los jefes guerrilleros en cargos de elección popular y en los escenarios del debate público. 

La respuesta tiene un margen de incertidumbre dadas las experiencias de otros procesos de paz  y la tendencia a rechazar o eliminar a los nuevos actores políticos.  En todo caso, en el cumplimiento y la implementación del Acuerdo Final están algunas de las claves para entender si efectivamente se va a profundizar o no la democracia y a consolidar la paz.

Un parto lento y difícil 

A nueve meses de la firma del Acuerdo Final, su implementación en términos legislativos, administrativos, institucionales, de apropiación presupuestal y puesta en marcha de las reformas acordadas apenas alcanza el 17%. 

El gobierno nacional, en un “golpe de timón” provocado dos días antes de que se terminaran las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, expidió vía decretos con fuerza de ley y decretos ordinarios, 20 normas que le dieron un “nuevo aire” a la implementación, especialmente en los puntos 1, 3 y 4 del acuerdo referidos a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reincorporación y Programa Nacionale de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

En el Congreso el trámite de las iniciativas legislativas para la implementación, vía Fast Track, se complican cada vez más por el ambiente político que impone la cercanía del proceso electoral, el desgaste del gobierno después de 7 años de mandato y el colapso de la coalición de la “unidad nacional”. La falta de voluntad política en el legislativo también se expresa en estrategias que combinan el ausentismo, la falta de quórum, la dilación de los debates y las demoras para votar los proyectos de ley. Para esta segunda legislatura han sido presentados 8 de los 20 proyectos de ley redactados, de los cuales solo 2 han sido aprobados. La prueba de fuego es el proyecto de reforma política, actualmente en discusión en el Senado. 

El otro actor del Estado en la implementación del Acuerdo Final es la Corte Constitucional, obligada a revisar la constitucionalidad de las normas expedidas. El rol del tribunal constitucional es clave para la integralidad del compromiso del Estado en la implementación y para la estabilidad jurídica del Acuerdo firmado y su continuidad en el tiempo. Una señal de preocupación es la declaratoria de inexequibilidad de los numerales J y H del Acto Legislativo 001 de 2016, que aseguraban que los proyectos de ley tramitados debían tener entera correspondencia con el Acuerdo Final. También genera inquietud la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero sobre el Acto Legislativo 002 de 2017 que busca eliminar del texto expresiones como “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”. 

Una última referencia de actores estatales en la implementación del Acuerdo Final son los entes territoriales llamados a ejercer acciones administrativas y de gobierno en función de la integralidad del Acuerdo. No obstante, los planes de desarrollo local y la modificación y actualización de los planes de ordenamiento territorial en alrededor 887 municipios del país podrían generar contradicciones el espíritu del Acuerdo de Paz y, en las zonas priorizadas, con la puesta en marcha de los PDET. 

La otra parte del Acuerdo Final es la guerrilla de las FARC-EP comprometida a dejar las armas, reincorporarse a la vida civil, transformarse en partido político, someterse a la justicia, contribuir al desminado en los territorios del conflicto, apoyar la sustitución de cultivos ilícitos y entregar bienes para la reparación.

Las FARC-EP terminaron con éxito el desarme, entregaron las coordenadas de las caletas y los listados de combatientes, milicianas y milicianos que hacían parte de la organización y de manera gradual han devuelto los niños y niñas que hacían parte de sus filas.  

Mención especial merece la Misión de Observación y Verificacion de Naciones Unidas que ha cumplido su papel en las zonas veredales de transición y normalización y despliega la segunda misión de acompañamiento a la implementación en los territorios en los que transcurrió el conflicto armado. 

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Participación política: el Acuerdo de Paz para la sociedad

En todos los procesos de paz, el primer año de la implementación ha sido clave para determinar su cumplimiento por parte de quienes lo suscriben. Todo indica que los mayores avances corresponden a la dejación de armas, a la reincorporación y al tránsito de la guerrilla a partido político. Aún son lentos y poco eficaces la puesta en marcha de mecanismos de protección y seguridad, derechos humanos, desmonte del paramilitarismo e implementación de la Justicia Especial de Paz. La mayor lentitud corresponde a los temas de reforma agraria y sustitución de cultivos, realización de derechos sociales, inversión en zonas de conflicto y participación.

Es evidente que los aspectos más críticos del cumplimiento del Acuerdo corresponden a la Reforma Rural Integral (punto uno del Acuerdo) y la sustitución de cultivos ilícitos (punto cuatro del Acuerdo) que sólo registran un 6,9% de la implementación. La solución al problema de las drogas ilícitas, que implica igualmente estrategias para la prevención del consumo alcanza un 3,8%, mientras que las estrategias de control de la comercialización de cultivos ilícitos van en un 2%. Dos asuntos cruciales de garantías tienen que ver con el desmonte de las estructuras del paramilitarismo, cuya implementación es del 16% y la adopción de medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos que es del 10%.

Ahora bien, buena parte del éxito del llamado “postconflicto” reside en la implementación de las medidas necesarias al aumento de la participación política de sectores excluidos históricamente como las poblaciones rurales y los movimientos sociales. El Acuerdo Final prevé al menos siete transformaciones para una mayor participación, entre ellas las garantías para la movilización pacífica, reforma política y electoral, la creación de las Circunscripciones Especiales para la Paz y el Estatuto de la Oposición. Respecto de estas dos últimas transformaciones, los avances son considerables. Sin embargo, en lo que respecta a las garantías plenas para la movilización, así como la participación social, los avances han sido mínimos o inexistentes. Esta situación afecta principalmente a las comunidades, las organizaciones y movimientos sociales, poniendo de presente que el Acuerdo no solamente busca brindar garantías políticas para las FARC-EP, sino para el conjunto de la sociedad colombiana.  

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El proceso de implementación del Acuerdo Final comprende a su vez garantías políticas para el tránsito de las FARC-EP hacia la política sin armas. En primer lugar, las garantías de seguridad necesarias para la vida de las personas en proceso de reincorporación. A nueve meses del día D, el Plan Estratégico de Seguridad aún no ha sido formulado y el cuerpo de seguridad depende de la aprobación en el Congreso de la ley orgánica que se requiere para la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección.

Un aspecto crítico de la implementación es el de las amnistías e indultos que ha avanzado en un 60%, de un listado de 3843 guerrilleros y guerrilleras, 2294 han sido excarcelados y 1569 siguen privados de la libertad. En cuanto a la reincorporación política se resalta la expedición del Acto Legislativo 003 de 2017 que permite, posterior a la dejación total de armas, la constitución del nuevo partido político de las FARC-EP, gracias a estos avances, al finalizar este mes tendrá inicio el Congreso del nuevo partido del cual surgirán los estatutos que les permitirán inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral.

El más reciente informe de la iniciativa no gubernamental “Somos Defensores” establece que en los primero seis meses del año 2017 han sido asesinados 52 líderes sociales, casi siempre asociados a sustitución de cultivos ilícitos, reclamaciones de tierras y liderazgo social.

El hecho más preocupante, que afecta la credibilidad y la confianza en el Acuerdo de Paz es que en nueve meses de vigencia han sido asesinados 24 excombatientes de las FARC-EP o familiares de exguerrilleros, según uninforme de NC Noticias, en una práctica que ha sido común a todos los procesos anteriores de dejación de armas y que pone en entredicho la reconciliación y la consolidación de la paz.

En conclusión, el Acuerdo Final suscrito hace nueve meses entre el Estado colombiano y las FARC-EP avanza a un ritmo lento y diferenciado entre el fin del conflicto y las reformas sociales pactadas. Es evidente que la prioridad del Estado es el desarme y la reincorporación de la guerrilla, más que la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos. No es buen mensaje prolongar y aplazar la realización de derechos sociales de las comunidades mas afectadas por el conflicto armado y, mucho menos, negar en la practica las garantías que se necesitan para que las FARC-EP hagan politica y las comunidades puedan ejercer sus derechos sin el temor de perder la vida. La paz sostenible y duradera es tambien un asunto de derechos sociales.

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