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Informe Especial – Si la guerra fue impunidad, la paz debería ser justicia

Informe especial
Bogotá, 1 de noviembre de 2017

La implementación legislativa e institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del Acuerdo firmado hace casi un año entre el Estado y las FARC-EP apenas alcanza un 10% y su aprobación y reglamentación definitiva está en peligro por una creciente oposición política en el Congreso de la República y un ambiente hostil construido a partir de falsedades o de verdades a medias.

La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición incluido en el punto cinco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Este sistema acordado es reconocido en el mundo como un ejemplo de justicia transicional desde el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el derecho universal a la paz y a la vida.

Si estos preceptos de verdad, justicia y reparación se cumplen y quienes firmaron el acuerdo aseguran que no habrá repetición, entonces será posible avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Sin embargo, la implementación avanza de manera lenta y tortuosa y el escenario político se hace más difícil en la medida en que se acercan las elecciones para congreso y presidencia y en momentos en que la coalición de gobierno se disuelve. Los nuevos opositores se oponen a la implementación de la JEP, cuestionan la composición del Tribunal para la Paz, piden preservar la autonomía e independencia de la justicia ordinaria y advierten que la JEP es una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados.

Se volvió un lugar común afirmar que la paz con las FARC-EP genera impunidad, lo que no solo no es cierto sino que parte de la premisa falsa de que antes no había impunidad. Justamente la impunidad ha sido una característica de la guerra y las cifras lo demuestran: 53 años de conflicto armado dejan un saldo de ocho millones de víctimas y una impunidad que ronda el 98%. Aun así, en el momento de la firma del Acuerdo se identificaron en las cárceles entre 3000 y 3800 personas integrantes de las FARC-EP y, por lo menos, mil militares en centros especiales de detención, acusados, sindicados o condenados por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

Es evidente que los modelos de justicia ordinaria, de Justicia Penal Militar y de Justicia y Paz aplicados en tiempos de guerra no suplieron las necesidades de justicia de las víctimas y, en cambio,  es posible que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas contribuyan desde la paz a superar la impunidad.

El nuevo sistema ofrece la posibilidad de juzgar a los responsables de los graves hechos ocurridos con ocasión del conflicto y permite que se conozca la verdad como premisas para garantizar la no repetición.

Ahora bien, la guerrilla de las FARC-EP firmó la paz para hacer política sin armas y con garantías y la Jurisdicción Especial para la Paz es determinante para que se cumpla el acuerdo. Cambiar el espíritu del acuerdo ya firmado, ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional ya no es posible. No obstante, es válido precisar el sometimiento de los exguerrilleros a la JEP y su participación en política y la forma en que pagaran sus penas en el marco de la justicia restaurativa, siguiendo el espíritu de los acordado.

Este informe se refiere al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, haciendo énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz y pretende dar cuenta del estado de la implementación de este modelo de justicia transicional (avances y obstáculos de las reformas constitucionales, leyes estatutarias, decretos con fuerza de ley y normas expedidas). Así mismo, se refiere al contexto político que caracteriza la discusión en el Congreso de la República, revisa las observaciones de la Fiscal del Tribunal Penal Internacional, establece una comparación con el modelo de justicia adoptada en los acuerdos de paz de El Salvador y ofrece una explicación pedagógica sobre el funcionamiento de la JEP.

Ahora bien, el análisis del punto cinco del Acuerdo revela una vez más que es imprescindible una implementación integral, armónica y articulada del acuerdo para garantizar su funcionalidad y articulación. Un ejemplo práctico es que si opera la JEP y los puntos 1, 2 y 4 (Reforma Rural Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) no tienen garantizado un marco normativo e institucional de implementación, las penas restaurativas previstas no se ajustarán a los principios del Acuerdo.

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz es una iniciativa ciudadana independiente que mide el grado de cumplimiento de los seis puntos y los anexos pactados el 24 de noviembre, a partir de las normas expedidas y su control constitucional, la identificación del marco institucional para la implementación, la disponibilidad presupuestal para su funcionamiento, territorialización de la implementación e impactos

Descargar informe completo – Informe Especial – JEP

 

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