Boletín de prensa

Si la guerra fue impunidad, la paz debería ser justicia

¿En qué va la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz?Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz

Boletín de prensa

Bogotá, 1 de noviembre de 2017

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente esencial del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRN) que contempla el Acuerdo de Paz sólo se ha implementado en un 10% en términos legislativos e institucionales.

Así lo señala el informe especial del Observatorio de Seguimiento al Acuerdo de Paz (OIAP) “Si la guerra fue impunidad, la paz debería ser justicia” difundido hoy en el marco de la sesión del senado de la republica dedicada a la discusión de la Ley estatutaria que regula la JEP.

Según el informe, se ha avanzado en la reglamentación del Sistema, en la selección de los magistrados de la JEP y la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero no ocurre lo mismo con las medidas de reparación y de garantías de no repetición, que presentan un mínimo desarrollo.

La Ley estatutaria que reglamenta la JEP avanza “de manera lenta y tortuosa” en un escenario que se torna más difícil en la medida en que se acercan las elecciones para congreso y presidencia y en momentos en que se disuelve la coalición de gobierno, precisa el informe.

El estudio advierte que la implementación de la JEP debe articularse a otros puntos del Acuerdo Final como la Reforma Rural Integral (punto uno), las garantías para la participación política (punto dos), la reincorporación y la seguridad de los excombatientes (punto tres) y la solución al problema de las drogas ilícitas (punto cuatro), si de verdad hay un compromiso de no repetición de los ciclos de violencia.

La implementación del punto cinco del Acuerdo, referido a las víctimas, ha avanzado en la aprobación de un Acto Legislativo (01 de 2017) y dos decretos del gobierno nacional (587 y 1592) pero “la aprobación y reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz está en peligro por una creciente oposición política en el Congreso de la República y un ambiente hostil construido a partir de falsedades o de verdades a medias”, señala el documento.

El Observatorio advierte que la JEP es un modelo de justicia transicional y restaurativa sin precedentes en el país, que busca un equilibrio entre los derechos de las víctimas, la participación de los excombatientes que dejaron las armas para ejercer la política y la construcción de la paz, y que este modelo es objeto de seguimiento por parte de la comunidad internacional. El informe incluye un marco comparativo de Justicia aplicados en procesos de paz en países como El Salvador y en Sudáfrica y en procesos de paz pactados en Colombia desde los 90. A la luz de este ejercicio el SIVJR resulta ser un ejercicio garantista, ejemplo mundial e histórico de equilibrio entre paz y justicia.

Precisa el informe del OIAP que las personas que dejaron las armas y que tienen responsabilidades en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad pueden excepcionalmente ejercer el derecho político de ser elegidos, previa manifestación expresa de acogerse a la Jurisdicción de paz tal y como lo señala el Acuerdo.

No obstante, la ley estatutaria que se discute en el Congreso debe aclarar cómo se puede ejercer un cargo de elección popular y, al mismo tiempo, acatar las restricciones que imponga el Tribunal de Paz, indica el informe del Observatorio.

Por último, el OIAP llama la atención sobre el peligro que implica para la implementación de todo el Acuerdo la negación o el hundimiento en el Congreso del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP y señala que, en esa eventualidad, el presidente puede acudir a la declaratoria de la conmoción interior como última instancia para preservar la paz como derecho supremo y garantizar la implementación del Acuerdo.

Sin embargo, este mecanismo puede ser contraproducente, si es utilizado para cambiar por la vía de decretos aspectos centrales del Acuerdo de Paz, incluso en contravía del reciente fallo de la Corte Constitucional, afirma el OIAP.

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