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Editorial – El Acuerdo de Paz en la mira

Editorial OIAP – 

El Acuerdo de Paz en la mira

La Conferencia Europea sobre la paz en Colombia

Todo parece indicar que en el Gobierno entrante hay dos tendencias alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz: el sector más duro que se unifica alrededor de la necesidad de “hacer trizas el Acuerdo” y un sector más moderado que quiere hacer cambios en algunos puntos, manteniendo, formalmente, el espíritu del pacto suscrito entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP.

El Presidente Iván Duque deberá decidir entre los “halcones” y las “palomas” que concurren a su coalición de gobierno. No es fácil un punto de equilibrio. La designación de Carlos Holmes Trujillo como Canciller podría ser un punto en favor de la moderación, pero no ocurre lo mismo con Guillermo Botero y Nancy Gutiérrez en las carteras de Defensa e Interior.

El designado Ministro de Defensa acaba de proponer una Ley estatutaria para “regular la protesta social” y todo parece indicar que será en contravía del Acuerdo de Paz, que contempla garantías al derecho a la protesta y el respeto por los Derechos Humanos. La nueva Ministra del Interior tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los lideres y lideresas sociales y defensores de DDHH y, paradójicamente, fue investigada por nexos con paramilitares.

El proceso de implementación ha sido lento y traumático desde el momento mismo de la firma del Acuerdo y en términos normativos y legislativos su puesta en marcha apenas ronda el 20%. Es válido señalar que esto ocurrió durante el gobierno de un presidente que se la jugó toda por la paz, que tenía las mayorías en el Congreso y el apoyo de la comunidad internacional.

Ahora bien, todo indica que los cambios en el Acuerdo son inevitables y el ritmo de la implementación va a ser aún más lento.

¿Qué tanto van a afectar esos cambios la esencia del pacto ya firmado, ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional (que además obliga a todas las entidades del Estado a observar una política armónica y articulada en su implementación)?

Tres asuntos son cruciales: la Jurisdicción Especial para la Paz, la participación política de quienes dejaron las armas y enfrentan acusaciones por crímenes de guerra y la política antinarcóticos en el marco del punto 4 del Acuerdo.

El plebiscito propuesto por el Centro Democrático para modificar el Acuerdo lo saca de la órbita constitucional, reduce la JEP a su mínima expresión, impidiendo que se conozca la verdad, y niega la presencia en el Congreso de los lideres, del hoy Partido FARC, que dejaron las armas. Es en realidad, es la manera de hacer trizas el Acuerdo del Teatro Colón.

En repetidas ocasiones los lideres del CD, partido político del presidente electo, afirman que se desconoció el No al Plebiscito del 2 de octubre. Lo que no le cuentan a la opinión pública es que el Acuerdo firmado el 24 de Noviembre incorporó cerca del 90% de las recomendaciones de los sectores que impulsaron ese No al Plebiscito, entre ellos el ex-Presidente Pastrana, hoy líder de la coalición que dio fruto a la Presidencia Duque-Ramirez.

Más allá de los asuntos de la política doméstica y las realidades de la transición de un gobierno que firmó la paz a otro que reúne a quienes se opusieron al Acuerdo, el Estado tiene compromisos suscritos formalmente ante la comunidad internacional:

* El “Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” fue depositado ante el Consejo Federal suizo, en Berna, como Acuerdo Especial en el marco del artículo tres común a los Convenios de Ginebra (suscritos por el Estado colombiano e integrados al bloque de constitucionalidad).
* La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha designado una Misión de Verificación del cumplimiento del Acuerdo y que debe reportar directamente al máximo organismo de la ONU.
* La resolución de la Unión Europea suscrita por 19 Estados europeos y la Comisión Europea, para la creación del Fondo Fiduciario Europeo para la Paz de Colombia.

Si bien vendieron la idea en Colombia de que se pueden revertir los acuerdos (a pesar del mandato constitucional y legal que los blinda en los próximos 15 años), es evidente que hay compromisos internacionales que deben observarse, so pena de afectar el derecho y la credibilidad del Estado ante la comunidad de naciones.

Uno de esos compromisos es la protección de líderes sociales, defensores de DDHH y activistas de la oposición como premisa para la consolidar una paz estable y duradera. Lamentablemente, la realidad es otra y de nuevo se incrementan los asesinatos, amenazas y el desplazamiento forzado en todo el país.

La incertidumbre por lo que va a ocurrir después del 7 de agosto con la paz ya firmada con las FARC y por la suerte de las conversaciones con el ELN en La Habana, motivan de nuevo la preocupación y el interés en la comunidad internacional, cuyo aporte a estos procesos ha sido definitivo.

En este orden de ideas se inscribe la convocatoria de una Conferencia Europea sobre la Paz de Colombia para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo en el marco de los compromisos internacionales del Estado colombiano.

Una Conferencia convocada desde la sociedad civil europea, con el auspicio de organizaciones colombianas y con participación de gobiernos y organismos internacionales, que se realizará en Bruselas en noviembre, a cien días del gobierno de Iván Duque y a dos años de la firma del Acuerdo. Una iniciativa internacional que comprende la paz como derecho constitucional en Colombia y asume los escenarios multilaterales como espacios de información y análisis para ayudar a resolver las dudas y preocupaciones del mundo en torno al futuro de la paz en Colombia.

Bogotá, 23 de julio de 2018

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